
El gobierno de Lula da Silva en Brasil ha intensificado la persecución contra la oposición. Un operativo policial con 33 órdenes de registro y cuatro de prisión contra exfuncionarios de Bolsonaro ha generado preocupación por la deriva autoritaria del gobierno.
El aparato judicial brasileño, bajo el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, ha intensificado la persecución contra opositores. El detonante fue el ataque a las sedes de los poderes públicos el 8 de enero de 2023, por el que el Supremo Tribunal Federal (STF) señaló al expresidente Jair Bolsonaro y a parte de su equipo de gobierno.
El 8 de febrero, el STF llevó a cabo un operativo policial con 33 órdenes de registro y cuatro de prisión en decenas de estados contra exfuncionarios de Bolsonaro. La medida, que busca alejar a Brasil de su modelo democrático de gobierno, se justifica con la existencia de una “organización criminal que actuó en el intento de golpe de Estado”.
Entre los objetivos del operativo se encuentran el expresidente Bolsonaro, a quien se le ordenó entregar su pasaporte, y Filipe Martin, exasesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia, quien fue detenido. También se registraron la sede del Partido Liberal (PL) y se detuvo a Valdemar Costa Neto, exdiputado federal.
Mientras tanto, Lula da Silva viaja a zonas opositoras para anunciar obras y hablar de “respetar las diferencias”, mientras que en la práctica, su gobierno intensifica la persecución contra sus opositores.
En una oscura alianza entre el Poder Ejecutivo y Judicial, amigos y aliados del mandatario socialista son premiados con altos cargos. Flavio Dino, exministro de justicia, fue nombrado magistrado en el STF, al igual que Cristiano Zanin, abogado defensor de Lula durante el caso Lava Jato.
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La sociedad civil alerta por la grave situación
Lucas Ribeiro, periodista con maestría en Política y Relaciones Internacionales, explica que “ya no hay Estado de derecho en Brasil” y que la situación es similar a la de Venezuela o Nicaragua.
“Lo que tenemos hoy es un régimen autoritario y un consorcio de poder entre el Partido de los Trabajadores (PT), el STF y los medios de comunicación hegemónicos. Ellos utilizan la narrativa de un ‘golpe de Estado’ hecho por Bolsonaro cuando, en verdad, son ellos mismos los que han dado un golpe de estado en silencio, pero que persigue a los opositores, persigue a la prensa, realiza operaciones policiales contra líderes de la oposición mientras dicen que defienden la democracia”, agrega Ribeiro.
El pasado 26 de enero, Bolsonaro declaró ante la policía y negó cualquier responsabilidad en el asalto a las sedes de los Tres Poderes. Ante la nueva arremetida del gobierno, la sociedad civil brasileña se encuentra en estado de alerta.
En resumen, el gobierno de Lula da Silva está utilizando el aparato judicial para perseguir a sus opositores y consolidar un proyecto socialista en Brasil. Esta situación ha generado preocupación en la sociedad civil, que teme por la pérdida del Estado de derecho y el futuro de la democracia en el país.
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