5 minutos. La condena a ‘Epa Colombia’ ha abierto el debate sobre la aplicación de la justicia en el país. ¿Qué es justo, y qué no lo es?
Un enorme revuelo mediático causó la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá dictada a la conocida influencer ‘Epa Colombia’, Daneidy Barrera. Pero, ¿esta fue justa o injusta?
El lio comenzó En noviembre de 2019, cuando la joven influencer publicó en las redes un video; allí se la ve destruyendo unas instalaciones de Transmilenio con un martillo, como señal de protesta contra el gobierno. Por esta acción se le condenó, en segunda instancia, a 63 meses de cárcel y una multa de más de 400 millones de pesos, por el delito de terrorismo.
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Muchos analistas y especialmente políticos de oposición han considerado desproporcionada la pena; ellos argumentan que no se trataría de un acto de terrorismo como se definió por parte de la fiscalía, sino de vandalismo.
De cualquier modo, el proceso aún no termina y, tras el recurso de casación presentado por los abogados de la influencer, ahora será la Corte Suprema de Justicia quien decidirá el caso.
Entre tanto, los políticos populistas en trance de campaña presidencial hacen su agosto. Culpan al gobierno y al uribismo de una supuesta injusticia, y convierten a la influencer en una víctima.
Este caso se ha convertido en un ejemplo de lo fina que es la línea de la justicia y cómo se presta ésta para toda suerte de interpretaciones.
Sin embargo, el caso puntual de Epa Colombia debería ir más allá de lo anecdótico y de la discusión de si debe o no, ir a la cárcel. Lo que se debería mirar es cómo se administra justicia en nuestro país.
Muchos critican, y con razón, que mientras se condena a Epa Colombia a 63 meses de prisión por romper unos bienes públicos avaluados en 500 millones de pesos, quienes se roban la comida de los niños o las medicinas de los ancianos purgan penas irrisorias.
Pero, si revisamos el código penal, la pena aplicada a Epa Colombia por terrorismo no es desproporcionada, está bien calculada. Lo que ocurre es que a los corruptos no se les está calculando las penas según la ley, como debería ser, porque quienes la aplican, muchas veces son corruptos.
Lo realmente abrumador es que la corrupción en Colombia, hace años se desbordó y parece ser verdaderamente rentable. En estos días se supo que al ex alcalde de Bogotá Samuel Moreno condenado por uno de los casos de corrupción más aberrante de Colombia, el carrusel de la contratación, le rebajaron 5 años de su pena. Esto es un pequeño ejemplo.
Mientras la corrupción pague, seguirá generando violencia social y pobreza. Así mismo, justificará a quienes ofrecen paraísos artificiales con la entelequia de que ellos van a garantizar el fin de ese flagelo. Debemos recordar que ese fue el motor que impulsó a la guerrilla castrista en Cuba y la popularidad de Hugo Chávez en Venezuela; y ya sabemos como terminaron.
Todo esto nos lleva al fondo de lo que realmente sucede: el problema no es si fue justo o no el caso de Epa. El verdadero problema es que, si no se aplican penas ejemplares a los corruptos, existirán argumentos para los políticos oportunistas que proponen acabar con la corrupción, mientras promueven reformas catastróficas para el país como la de acabar con la exportación de petróleo, compensándolo con la impresión de billetes para regalárselos a los pobres.
Finalmente, si se quiere acabar con la corrupción en Colombia, se necesitaría una suficiente cantidad de parlamentarios honestos que aprobaran leyes más severas para castigarla. Así mismos jueces probos capaces de aplicar estas leyes sin reservas.
Editorial VCSradio.net
Foto COLPRENSA
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